Por Antero Flores-Araoz
Cercano pronunciamiento del Consejo Permanente de la OEA, titulado “Declaración sobre Acontecimientos Recientes en el Perú”, redactado en la forma sutil a la que nos tienen acostumbrados los organismos internacionales, me llevan a hacer algunos recuerdos de épocas no tan lejanas en que la OEA, dejando de lado tanto fraseo diplomático, con muchas formas, aunque no necesariamente contenido, ayudó al Perú a recobrar el rumbo democrático que le había sido fracturado La primera de dichas ocasiones fue luego del 5 de abril de 1992, en que se produjo el autogolpe de estado de Alberto Fujimori. Allí la OEA haciendo de bisagra logró la aceptación generalizada de convocar elecciones para restablecer el Congreso, pero dándole la facultad de también dictar una nueva Constitución. La segunda de dichas ocasiones fue en el año 2000, luego de ser vacado Alberto Fujimori, la OEA actuó como facilitador de las fuerzas políticas de aquel entonces que concordaron en reducir constitucionalmente el término del Parlamento de esos tiempos, encumbrar a Valentín Paniagua para que presidiera el gobierno de transición y llamar a elecciones presidenciales y parlamentarias. Ahora la OEA en lugar de ofrecer acciones para instaurar el diálogo entre Gobierno, Parlamento, fuerzas políticas, sociedad civil y los líderes de la sangrienta e injustificada protesta que se está produciendo en el Perú, simplemente se ha contentado con una sinuosa Declaración, en que la propia aceptación del Perú ha inhibido a otros Estados de fijar su posición en apoyo a la democracia peruana, en peligro y penosamente debilitada. La Declaración del Consejo Permanente se ha apoyado, entre otros, en los pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya nos tiene acostumbrados a su falta de objetividad y a sus retorcidas expresiones, muy probablemente inducidas por la inclinación zurda de varios de sus integrantes. En la Declaración que comentamos, se hace un “… llamado a todos los sectores de la sociedad peruana a respetar los derechos de reunión y de protesta ….” aunque olvidando que tales derechos estaban suspendidos en aplicación de expresa disposición constitucional peruana, al haberse declarado el estado de emergencia. Expresa también el Consejo Permanente de la OEA, su preocupación sobre “… uso excesivo de la fuerza como por la violación de los espacios académicos”, dando a entender que quien usó desproporcionadamente la fuerza fue la Policía, al ingresar a la Universidad de San Marcos. La verdad es que quienes violaron espacios de enseñanza, fueron los vándalos que irrumpieron en el campus universitario, invadiendo propiedad estatal, lo que constituye delito, por lo que tuvo que actuar la Policía. Por último, y entre otras expresiones edulcoradas, llama a “… la pronta realización de elecciones generales, justas, libres y transparentes…”, obviando que ello solo compete decidir al Parlamento Nacional, si es que acuerda cambios constitucionales transitorios. Como vemos las instituciones, incluidas las internacionales, adoptan la fisonomía de sus autoridades y, como vemos, el Consejo Permanente de la OEA no es excepción, pero lo más grave fue la aquiescencia de la Cancillería peruana, incapaz de poner los puntos sobre las íes, como era menester.