Call us now:
Con las excusas de ser repetitivo en el tema, vuelvo a la carta para exhortar a las autoridades políticas, a fin de no seguir exponiendo a los policías a la violencia que se desata contra ellos, cuando tratan de cumplir con su deber de mantener el orden público, o de recuperarlo cuando él ha sido afectado.
La Policía Nacional, con o sin apoyo de las Fuerzas Armadas, lo que depende de la decisión de quien ejerce la presidencia de la República, tiene que velar por la vida e integridad de todos los peruanos, repeliendo la fuerza que elementos delincuenciales, vandálicos, terroristas o simplemente población irresponsable, ejerce contra nuestros compatriotas, así como también contra propiedad pública y privada que es destruida con maldad.
Desde el despacho presidencial, con la anuencia de los sectores Defensa e Interior, se dispone la actuación de la Policía Nacional y, de ser el caso, de las Fuerzas Armadas, cuando se declara el Estado de Emergencia, en que además se suspenden temporalmente algunos derechos constitucionales, como entre otros el derecho de reunión.
Si las manifestaciones, concentraciones y marchas, constituyen evidentemente reunión, así sean para justos reclamos, y el derecho de reunión está suspendido, es más que evidente que tales mítines de protesta pierden legitimidad y ponen a sus autores, promotores, dirigentes y demás participantes, fuera de la ley convirtiéndolos además, en transgresores de la propia Constitución.
Ese tipo de reuniones durante los estados de emergencia, no son lícitas y, las autoridades políticas bajo las cuales se encuentran subordinadas la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, tienen el derecho y a la vez la obligación de repelerlas, enfrentándolas además que con la Ley, con las armas que el Perú les ha proporcionado.
Penosamente las autoridades de las que dependen la Policía y las Fuerzas Armadas, se dejan influir por cierta prensa que hace de coro a los comunistas y a los enemigos de la Democracia, diciendo que el actuar policial-militar constituye represión, cuando lo que hace es repeler la violencia ilegítima. Bajo tal influencia nociva, las autoridades gubernamentales ordenan que las fuerzas del orden actúen desarmadas, lo que claramente es un despropósito. Dan tales órdenes por temor de ser acusados penalmente, cuando como consecuencia de los enfrentamientos entre vándalos y policías, resultan personas fallecidas o lesionadas.
Las autoridades a las que nos referimos, se olvidan que pueden delinquir por omisión, además que por acción, ya que al mandar a la Policía desarmada a recuperar la paz y el orden público, están exponiendo a sus integrantes a evidente peligro, lo que a tenor de nuestro ordenamiento penal, está tipificado como delito y los autores de la exposición a peligro pueden ser sancionados.
Los policías tienen derechos, como cualquier otra persona, entre los cuales se encuentra el derecho a la defensa propia cuando son agredidos, pero si es que no portan armas para enfrentar la agresión violenta, pueden perder la vida o sufrir lesiones, de lo que tendrá que responsabilizarse a quienes los envíen a contener la turba y el vandalismo sin las herramientas requeridas.
