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La conflictividad social que afecta gravemente a nuestro país, originada en diferencias políticas y en la sucesión de gobiernos y parlamentos acontecida en los últimos años, tiene como lastimoso resultado la pérdida de vidas, cientos de heridos, daños a la propiedad pública y privada, asaltos a comisarías, sedes judiciales y fiscales, así como incendios y agresión a las fuerzas policiales que deben mantener el orden y, de ser el caso pues restablecerlo.
A las graves consecuencias antes mencionadas de la conflictividad social, la que, sin lugar a dudas ha sido incentivada, promovida y solventada por los enemigos de la Democracia que quieren capturar el poder para convertirnos en otra Cuba, Nicaragua o Venezuela, se agrega el resultado económico.
En efecto, al realizarse marchas violentas, transgrediéndose las disposiciones del estado de emergencia, se cierran comercios y mercados, con lo cual pierden sus conductores, a quienes las mercancías perecibles se pierden y, además siguen con sus gastos generales, pese a no tener ingresos viéndose obligados a prescindir de su personal, con lo cual se incrementa la desocupación en nuestra patria.
La interrupción del tránsito de pasajeros y mercaderías, hace que las empresas transportistas pierdan ingentes cantidades de dinero, viéndose perjudicados económicamente, pues sin ingresos tienen que seguir pagando hasta las cuotas del precio de adquisición de los vehículos.
Tratándose de alimentos que están en tránsito, ellos pueden pudrirse y no ser aceptados por ningún mercado, entonces pierde el productor, el transportista y hasta el comerciante que suministró recursos en forma adelantada.
Si se tratase de mercancías que son para exportación, la cosa es más grave aún, ya que no llegan a puerto oportunamente para ser embarcadas, se pierden fletes, los compradores que adquirieron las mercancías perderán confianza en sus abastecedores y probablemente en el futuro les dejen de comprar.
Con la falta de ingresos de productores, comerciantes y transportistas, evidentemente ello afectará al Estado, pues no recibirá los correspondientes tributos, impuestos y contribuciones, con los que debe atender los gastos que demanda la administración estatal, la empleocracia pública, la atención de la educación y la salud, así como la ejecución de obras públicas. ¿Quiénes pierden? Más que cierto que perdemos todos.
Adicionalmente el Estado se ve en ante la necesidad de tener que reparar o sustituir las obras públicas dañadas, con lo cual dejará de hacer nuevas obras pues los recursos serán más limitados y no se podrá atender todo simultáneamente.
En cuanto a los bienes privados dañados, algunos desubicados dirán que no hay pérdida pues las aseguradoras pagarán la reparación o reposición de lo dañado, pero olvidan que en nuestra patria no hay cultura aseguradora y así hubiere seguro las compañías de ésa especialidad probablemente por la mayor siniestralidad subirán los precios de sus servicios.
Quienes más se perjudican evidentemente son los que menos tienen, que tendrán que hacer enormes esfuerzos para subsistir y, ojalá abran bien los ojos para darse cuenta, que los revoltosos, violentistas y vándalos, que protestaban en nombre de ellos solo los agarraron como pretexto y miserablemente los engañaron una vez más.
